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¿Cuánto costaría (verdaderamente) el CFE-Pemexproa a las finanzas públicas?

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Circula en estos días una propuesta, encabezada por el PRI, para incorporar los pasivos laborales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la deuda pública. Esa carga se eleva a 1 billón 347 mil millones de pesos en el caso de Pemex, y de 507,000 millones de pesos en los que se refiere a la CFE. En su conjunto, el monto asciende a 1 billón 637 mil millones de dólares y lo que refleja es un cálculo sobre el pago en pensiones que deberá ser desembolsado durante los próximos 30 años por ambas empresas productivas del Estado, como se las denomina ahora.   

Fuente: Pemex y CFE

El objetivo de esta propuesta es liberar una buena parte de los recursos de Pemex y de la CFE, que actualmente se destinan a satisfacer las obligaciones de pensiones de los trabajadores sindicalizados, a proyectos de inversión, y que Pemex y la CFE hagan honor a su nuevo nombre, esto es, que sean empresas más productivas ahora que con la reforma energética van a tener que competir contra otras compañías privadas. En la actualidad tanto Pemex como la CFE pagan las pensiones a partir del presupuesto que les entrega el gobierno y no existe ningún tipo de reservas para hacer frente a esos pasivos futuros. 

La iniciativa de incorporar la deuda del sistema de pensiones de Pemex y de la CFE a la deuda pública se estudiará en el análisis del dictamen de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que comienza hoy en las comisiones de la Cámara Baja. Sin embargo, la posibilidad de rescatar a Pemex y la CFE integrando esos pasivos laborales a la deuda pública estará condicionada a que también mude el actual y oneroso sistema de pensiones de ambas empresas.

Actualmente, el parámetro de las pensiones es muy ventajoso para los trabajadores sindicalizados de Pemex: pueden retirarse tras 25 años de servicio o a los  55 años de edad. Por tanto, y tal y como establece el tercer transitorio del dictamen, “el Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago de Pemex siempre que, dentro del año siguiente de la entrada en vigor del presente decreto, alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo”.

De hecho, y con el objeto de incentivar a Pemex a realizar una revisión ambiciosa del contrato colectivo,  esa proporción de la obligación que pago de pensiones y jubilaciones que asumirá el Gobierno Federal será tanto mayor cuanto mayor sea la reducción del pasivo resultado de la negociación del contrato colectivo. Es decir, en un principio, el gobierno no asumiría la totalidad del billón 130 mil millones de pesos, sino sólo una proporción de ese monto en función de lo ambiciosa que sea la revisión de los planes de pensiones de Pemex. 

Al cierre de 2012, los trabajadores activos de Pemex ascendían a 125,000, en tanto los jubilados sumaban 95,600. Es decir, el número de jubilados representan más de un 75% de la actual plantilla laboral, cuyo costo se eleva a 38,000 millones de pesos anuales. 

¿En qué consistiría la revisión del contrato colectivo de pensiones? Básicamente en establecer un sistema de cuentas individuales de retiro, en las cuales los trabajadores aporten para su jubilación, ajustar las edades de retiro conforme a la esperanza de vida y calcular la pensión en función del salario promedio del trabajador y no respecto al último otorgado. Las nuevas contrataciones, así como los actuales trabajadores activos, entrarían bajo este nuevo esquema, y con ello se reduciría el actual pasivo laboral de Pemex.

Entonces, y con esas revisiones, ¿cuál sería el nuevo pasivo laboral de Pemex, qué monto asumiría el Gobierno Federal y qué impacto tendría sobre la deuda pública?

El actual pasivo de un billón 130 mil millones de pesos representa, en sí, en torno a un 6.8% del PIB. Tomando los comentarios de algunos diputados sobre el tema, parece ser que se pretende dividir ese pasivo en tres partes iguales y sea absorbida una primera parte por los trabajadores, una segunda por la empresa, y una tercera por el Gobierno Federal.

Por tanto, y tomando como válido ese plan, el objetivo es que la revisión del contrato colectivo reduzca el pasivo en 2.3 puntos porcentuales, o en torno a 375,000 millones de pesos. Los restantes 4.6 puntos porcentuales, o 753,000 millones de pesos, tendrían que ser pagados a partes iguales entre el Gobierno Federal y Pemex. En consecuencia, los pasivos asumidos como deuda del Gobierno Federal se estiman en torno a 375,000 millones de pesos.

 

Eso para el caso de Pemex. A ese monto habría que sumar los pasivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo tratamiento sería semejante al de Pemex. Los pasivos de la CFE ascienden a 507,000 millones de pesos, y si se tratan bajo el mismo esquema de Pemex, al Gobierno Federal le correspondería asumir en torno a 170,000 millones de pesos.  En total, el monto que estimamos es que el Gobierno Federal tendría que engullir estaría cerca de los 543,000 millones de pesos.

Fuente: Estimaciones Dinero Llama Dinero

Por tanto, los pasivos laborales de Pemex y de la CFE totales se elevan a un billón 630 mil millones de pesos, o casi un 10% del PIB. Asumir todo esa deuda sería insoportable y aniquilaría todos los esfuerzos del gobierno mexicano por sanear sus cuentas fiscales, poniendo en riesgo su fortaleza macroeconómica. Es de prever que las agencias de calificación revisaran a la baja el rating crediticio de México y que los inversionistas pidieran una mayor tasa de interés para prestar a México, lo cual no sólo elevaría el costo financiero de la deuda, sino que torpedearía buena parte de los proyectos de infraestructura e inversión que pretende realizar México y abortaría los planes para impulsar el crecimiento. 

En mayo de este año, el saldo de la deuda total del sector público se situó en 6 billones 635,000 millones de pesos, alrededor de un 40% del PIB. Si sumamos todos los pasivos laborales de Pemex y CFE, el monto ascendería a 8 billones 281,000 millones de pesos, o un 50% del PIB, niveles que no se observan en más de dos décadas. Creemos que ni el Gobierno Federal ni el sagaz Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, permitiría tal tragedia ahora que quieren empezar a cantar los éxitos de las reformas.

¿Cuánto asumiría el Gobierno Federal? Bajo los cálculos citados arriba, el Gobierno Federal tendría que incorporar a su deuda en torno a 543,000 millones de pesos, o un 3.3% del PIB. Por tanto, realmente, y en caso de que se apruebe el dictamen, la deuda pública se elevaría del actual nivel de 40% a algo cercano a 43.3% como resultado de la absorción de los pasivos laborales del CFE-Pemexproa.

Fuente: SHCP y Dinero Llama Dinero

Otra parte equivalente la asumirían los trabajadores de Pemex y la CFE, que tendrían que aceptar esquemas de pensiones menos ventajosos, y otra tercera parte tendría que ser absorbida por las ahora empresas productivas del Estado, que tendrían que seguir pagando esa parte de las pensiones.

Los 543,000 millones de pesos que se obtienen de nuestros cálculos se compara con un monto de 850,514 millones de los pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (el antiguo Fobrapoa), y una cuantía de 155,000 millones de pesos de la deuda del rescate carretero, conocido bajo el acrónimo de Farac.

El monto no es nada desdeñable, pero está muy alejado de las cifras que se están manejando en la mayoría de los medios. Y quizás sea la mejor solución para sanear a las nuevas empresas productivas del Estado y establecer esquemas de pensiones sostenibles sin afectar de manera estruendosa a la solidez de las finanzas públicas mexicanas, todavía envidia de mucho de los países desarrollados.  

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